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ISSN 1794-3108 117
bG. (r) Gu i l l e r M o le ó n di e t t e s Pé r e z
Casos de investigación criminal: tipología del crimen
Fecha de Recepción: 29-VIII-2008. Fecha de Aceptación: 24-X-2008. pp. 117-123
ISSN 1794 – 3108, Rev. crim., Volumen 50, Número 2, noviembre 2008, Bogotá, D. C., Colombia
Casos de investigación criminal:
tipología del crimen
Criminal Investigation Cases: Crime’s typology
bG. (r) Gu i l l e r M o le ó n di e t t e s Pé r e z
Presidente, Academia Colombiana de Historia Policial. Bogotá D.C., Colombia
academiah.egsan@policia.gov.co
RESUMEN
Este artículo reseña, de forma sucinta, tres homicidios de trascendencia; ya que por la connotación de las victimas,
modos de operar y autores, tuvieron alto impacto para la vida pública nacional e internacional. También se
evidencia la oportuna intervención de la Policía Nacional para el esclarecimiento de los hechos punibles.
Palabras clave: investigación policial, homicidio, extorsión, captura, allanamiento (Fuente: Tesauro de Política
Criminal Latinoamericana - ILANUD).
ABSTRACT
This paper briefly presents three significant homicides since the impact the victims, modus operandi and
perpetrators had was of high relevance for public life at national and international levels. Also, the timely action
of the National Police in order to clear up the offence is presented.
Key words: police investigation, homicide, blackmailing, arrest, search warrant (Source: Thesaurus of Latin
American Criminal Policy – ILANUD)
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Revista
118
Policía Nacional · DIJIN
Volumen 50 • Número 2 • Noviembre 2008
El homicidio del vicepresidente de la
empresa Mazda
Los hechos que se describen a continuación
correspondieron al homicidio de un ciudadano
de origen japonés que ocupaba el cargo de
vicepresidente de la empresa Mazda, multinacional
dedicada al ensamble y venta de automotores en
Colombia. El caso ocurrió la noche del viernes 24
de enero de 1992, cuando se comunicó a la central
de radio de la Policía Nacional de Colombia sobre
movimientos sospechosos de una patrulla policial
evadida.
Luego de varias verificaciones hechas por policías,
se logró establecer que dos miembros de una
patrulla se encontraban fuera de su jurisdicción
y, simultáneamente, un ciudadano japonés era
trasladado al Hospital Simón Bolívar, al norte
de Bogotá, con graves heridas producidas por
arma de fuego. Llamó la atención que la víctima
demostró temor cuando fue auxiliado por los
uniformados.
Esa misma noche, en la Estación de Policía Servitá,
eran indagados de manera aislada estos policías
que se encontraban fuera de su lugar de facción.
De acuerdo con las conjeturas del señor Brigadier
General, Guillermo León Diettes Pérez, que para la
fecha era el Comandante de la Policía Metropolitana
de Bogotá, se logró establecer un vínculo entre la
patrulla sospechosa con el caso del herido.
Con el fin de salvaguardar la integridad física de la
víctima, el señor Brigadier General dispuso reforzar
los servicios de seguridad en el hospital e impartió
órdenes para impedir cualquier acceso hacia la
víctima.
El caso revistió tal trascendencia que a la mañana
siguiente la difusión en los medios de comunicación
fue notoria.
Esclarecimiento de los hechos
La investigación que la Sección de Policía Judicial
e Investigación (Sijín) de la Policía Metropolitana
de la Bogotá –hoy día Seccional de Investigación
Criminal– desarrolló logró establecer la secuencia de
los hechos, así:
La noche del 24 de enero de 1992 la víctima estuvo
cenando con otro ejecutivo de la empresa Mazda
en el restaurante Hatsuhana, tradicional sitio de
encuentro de los japoneses, ubicado al norte de la
capital colombiana.
Aproximadamente a las 9:15 salió en el automóvil
Mazda, color verde, de placas BAY 007, valorado
en dieciséis millones de pesos, y se dirigió hacia
las instalaciones de la compañía en el centro de la
ciudad (zona industrial de la calle 13 con carrera
38), pues al parecer debía recoger unas llaves para
posteriormente regresar a su residencia en el norte
de Bogotá.
Cuando el extranjero recorría la calle 72 con
carrera 7ª fue abordado por los asaltantes que
pretendieron despojarlo de su vehículo. El ciudadano
japonés opuso resistencia, lo cual originó que los
delincuentes le propinaran cuatro impactos de bala
en el abdomen y en el brazo derecho. Sometido a
indefensión, los mismos asaltantes lo trasladaron
hacia la Autopista Norte, lo abandonaron cerca de
la calle 200 con carrera 7ª, donde una patrulla de
vigilancia de la Policía lo localizó y lo trasladó de
inmediato al hospital Simón Bolívar. Posteriormente
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ISSN 1794-3108 119
bG. (r) Gu i l l e r M o le ó n di e t t e s Pé r e z
Casos de investigación criminal: tipología del crimen
fue trasladado a otra clínica, donde falleció el día 10
de febrero de 1992.
La investigación comenzó, como antes se dijo, con
los interrogatorios que se hicieron inicialmente a
los dos agentes en las instalaciones de la Estación
Servitá y prosiguió por parte del personal de la Sijín.
Posteriormente, se realizaron pruebas de balística a
los dos revólveres que los agentes portaban, se pudo
establecer que habían sido disparados recientemente
y coincidieron con un proyectil encontrado en el
cuerpo de la víctima. Finalmente, se cotejaron las
huellas dactilares de los policías y se comprobó que
correspondían a los asaltantes.
Con base en los interrogatorios y las pruebas técnicas,
los agentes no pudieron negar su participación en
el crimen y confesaron la ayuda de un particular,
que también fue capturado por la Policía y puesto a
órdenes de las autoridades.
Este insuceso generó una serie de consecuencias
negativas en las relaciones bilaterales colombo-
japonesas.
Castigo ejemplar
De acuerdo con el procedimiento señalado por el
Código de Justicia Penal Militar, la Policía Nacional
convocó, en el mes de abril, un Consejo de Guerra,
en el cual los agentes fueron hallados culpables
de los delitos de homicidio, peculado, hurto y
abandono del puesto y condenados a treinta años
de cárcel.
Por su parte, quien colaboró con los ex agentes fue
procesado por los mismos hechos en y recibió una
condena de 24 años.
Para finalizar, es importante destacar que la misma
institución policial llevó a cabo la investigación para
esclarecer los hechos punibles y sancionar a los
responsables.
El Collar-Bomba
El caso conocido como “collar-bomba”, el primero
que se comete bajo esta modalidad y del cual se tenga
noticia hasta ahora, afectó a una familia campesina
que residía en un municipio del departamento de
Cundinamarca, Colombia. Este hecho sucedió el 15
de mayo de 2000.
La víctima de este episodio corresponde a una
campesina objeto de extorsión. Lo paradójico de este
hecho es que la labriega no contaba con recursos
patrimoniales suficientes que la hicieran potencial
blanco de este delito.
Los hechos
Aproximadamente a las cinco de la mañana del
día de los sucesos, tres individuos se presentaron
en la residencia de esta familia campesina a la que
exigieron la suma de quince millones de pesos a
cambio de su vida. Como no tenía disponible esa
suma, los asaltantes procedieron a colocar en el
cuello de la víctima un artefacto con explosivos a
manera de collar. Dejaron además un casete con
instrucciones y un plano de su estructura, junto con
otros elementos en un maletín.
Familiares y vecinos de la señora la trasladaron de
urgencia a las instalaciones del Batallón Sucre en
Chiquinquirá en busca de elementos adecuados para
quitarle el artefacto. Unidades del Ejército asumieron
el caso pero a eso de las ocho de mañana requirieron
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Criminalidad
Revista
120
Policía Nacional · DIJIN
Volumen 50 • Número 2 • Noviembre 2008
los servicios de los miembros de la Estación de
Policía Chiquinquirá que, a su vez, solicitaron a la
Policía Judicial de Tunja el envío de un técnico en
antiexplosivos.
Entre tanto, la víctima fue trasladada a un sitio
denominado “Venta de Conejo”, ubicado en la
avenida de circunvalación que de Chiquinquirá
conduce al municipio de Muzo.
Efectivamente: un Subintendente de la Policía
procedente de Tunja, tal como se observó en los
noticieros de televisión y las filmaciones existentes,
intentó desactivar el artefacto colocado en el cuello
de la campesina con una segueta para cortar
los tubos de plástico, mientras otro compañero
refrigeraba con agua la acción para evitar que el
calor de la fricción originara una explosión. En este
ejercicio participaron conjuntamente algunos policías
y miembros del batallón.
El explosivo
El collar-bomba, efectivamente, resultó ser la unión
de unos codos de tubería plástica, que en su interior
tenían una combinación de R1, nitrato de amonio,
antimonio, azufre, aluminio en polvo, clorato de
potasio, fósforo rojo, papeles periódico y de aluminio,
junto con unos sistemas de activación (eléctrico,
químico y mecánico).
La explosión
Era alrededor del mediodía cuando se creía que iba
a culminar con éxito la tarea emprendida, pues el
Subintendente logró desarmar la primera parte del
collar, sacó el mecanismo y un polvo del componente.
De un momento a otro y ante la mirada atónita de
algunos curiosos explotó el collar-bomba, causó la
muerte de la víctima –portadora del collar– y la del
Subintendente de la Policía. También produjo lesiones
de carácter permanente a un Sargento Primero del
Ejército y a dos soldados voluntarios.
La investigación
La Dirección de Policía Judicial dispuso una comisión
del Grupo de Homicidios, para que asesorara a la
Fiscalía General y adelantara las acciones pertinentes
con el fin de esclarecer los móviles del hecho
delictivo.
Como casi siempre ocurre en estos casos, las primeras
hipótesis y las mismas actividades de los delincuentes
hicieron presumir que se trataba de una acción de
células urbanas de las FARC. Sin embargo, el trabajo
profesional y paciente de los investigadores de la
DIJIN poco a poco fue desvirtuando esta idea.
Otras posibles causas se orientaban hacia unos
problemas entre dos familias vecinas y amenazas
por diferencias entre ellas, incluyendo sindicación
de actividades de brujería para subsanar las mismas
disputas entre ellas.
Después se informó a los investigadores que la
víctima y otro de sus vecinos pertenecían a la junta
comunal de la vereda y discutían acaloradamente
sobre el cuidado y orientación del acueducto que
servía al vecindario.
Se supo que la portadora del collar había solicitado
a su hermana el préstamo de un revólver pues tenía
miedo de que unos ordeñadores, de su propia finca,
le pudieran hacer algún daño debido a actitudes
sospechosas que estaban demostrando hacia ella.
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ISSN 1794-3108 121
bG. (r) Gu i l l e r M o le ó n di e t t e s Pé r e z
Casos de investigación criminal: tipología del crimen
Los investigadores encontraron que un empleado
de la finca obtuvo clorato de potasio, nitramón,
azufre y pólvora para abrir un supuesto pozo
séptico. Asimismo, se conoció que la noche anterior
al día de los hechos este empleado se encontraba en
compañía de un reconocido experto en el manejo de
explosivos.
Al recibir testimonios de varias personas y efectuar
allanamiento a la vivienda del sospechoso, quedó en
claro que este sujeto quería obtener una pistola de
plástico, similar a una que se había encontrado en la
casa de la víctima, junto al casete de las amenazas
y la extorsión. También se halló un pasamontañas
semejante al utilizado por los delincuentes cuando
colocaron el collar-bomba a la extorsionada, según
lo indicó un testigo cercano.
En el proceso adelantado por los investigadores
policiales se comprobó que el sospechoso tenía
historial delictivo: se le sindicaba de hurto, hurto
agravado y calificado, concierto para delinquir. Las
labores investigativas e indicios analizados por los
miembros de la Policía se lograron obtener mediante:
18 testimonios
25 inspecciones judiciales en talleres de mecánica
y ornamentación
9 capturas realizadas
18 líneas telefónicas interceptadas
2 filmaciones de seguimientos cumplidos
1 arma de fuego incautada
32 pruebas realizadas, incluyendo espectrografías
de voces
Epílogo
Como conclusión de la tarea investigativa, es
importante destacar:
Se esclareció la verdad del caso conocido como
“el collar-bomba” y que causó la muerte de una
campesina y de un miembro de la Policía Nacional,
así como las lesiones de un sargento y dos soldados
del Ejército Nacional.
Igualmente, se descubrió la conexión con otra banda
de delincuentes, que además habían sido los causantes
de los homicidios de otras personas de la región.
Se ubicaron exactamente los talleres en donde se
fabricó el artefacto “collar-bomba”, al igual que los
sitios donde fueron adquiridos los explosivos.
En resumen, se produjo la captura de 9 individuos que
fueron entregados y puestos a órdenes de la Fiscalía.
Se determinó que se trató de un caso de extorsión
planeado por grupos de delincuencia común y no
de subversión, como inicialmente se planteó como
hipótesis.
El homicidio de Monseñor Isaías
Duarte Cancino
Un prelado de carácter
Entre los jerarcas de la Iglesia Católica colombiana,
monseñor Isaías Duarte Cancino se dio a conocer
como un gran orador y, sobre todo, un hombre
de carácter que nunca perdió actualidad por sus
permanentes pronunciamientos acerca de temas
de la vida nacional, su participación en el Sermón
de las Siete Palabras en la Semana Santa que año
tras año se transmitía por las principales cadenas
de radio y televisión y, sobre todo, duras palabras
contra el narcotráfico y los grupos armados que
generan, en parte, la violencia nacional. En hechos
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Criminalidad
Revista
122
Policía Nacional · DIJIN
Volumen 50 • Número 2 • Noviembre 2008
sin precedentes, excomulgó a los guerrilleros del ELN
responsables del secuestro de unos feligreses que
asistían a misa a la iglesia La María en 1999.
Años más tarde un jefe paramilitar, hoy desmovilizado,
se atrevió a acusar a Monseñor Duarte Cancino ante
la Fiscalía de hacer parte de un grupo asesor de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Breve semblanza
Monseñor Duarte nació en la ciudad de San Gil
(Santander) el 15 de febrero de 1939; adelantó
estudios secundarios en Bucaramanga y luego
abrazó la carrera religiosa iniciándose en el Seminario
de Pamplona (Norte de Santander) y cursando
Teología en Roma (Italia). En la Pontificia Universidad
Gregoriana de la capital italiana obtuvo su licenciatura
en Teología Dogmática.
Al recibir su ordenación sacerdotal fue incardinado
a la Diócesis de Bucaramanga; designado vicario
cooperador de la Catedral de la Sagrada Familia en
Bucaramanga y luego profesor en el Seminario Mayor
de Pamplona, inicia posteriormente su recorrido por
varias parroquias, entre las cuales destacamos las
del Espíritu Santo y la Catedral de Bucaramanga,
Girón y Málaga. Ejerce nuevamente la docencia en
el Seminario Mayor de Bucaramanga donde además,
y en forma simultánea, se destaca como Vicario
Pastoral de la Arquidiócesis. El 10 de abril de 1985
fue nombrado obispo titular de Germania de Numidia
y Auxiliar de Bucaramanga, y fue consagrado para su
alta dignidad eclesiástica el 17 de junio de 1986.
Cuando la jerarquía eclesiástica decide crear la
Diócesis de Apartadó en el Urabá antioqueño,
Monseñor Duarte Cancino es nombrado el 18 de
junio de 1988 como su primer Obispo. Finalmente,
el 19 de agosto de 1995 Su Santidad, el Papa Juan
Pablo II, quién decide nombrarlo como Arzobispo de
la Arquidiócesis de Cali, en reemplazo de Monseñor
Pedro Rubiano Sáenz, que es trasladado a Bogotá.
Es allí, en Cali, donde manos criminales, en un hecho
que consternó al país y al mundo católico, asesinan a
tan ilustre prelado en las primeras horas de la noche
del 16 de febrero del año 2001, cuando cumplía con
su misión apostólica.
Los hechos
Como ya se dijo, Monseñor Isaías Duarte Cancino
cumplía su labor y ya era muy conocido por sus
permanentes pronunciamientos y sus exigencias a
la feligresía a su cargo. Recorría permanentemente
las parroquias de su jurisdicción y había organizado
unos apoyos a las comunidades necesitadas, entre
ellas a unas de las comunas de Santiago de Cali.
El 16 de marzo de 2002 Monseñor Duarte Cancino
presidía la celebración de una misa solemne como
marco de una ceremonia de matrimonio colectivo
(un poco más de cien parejas) en la parroquia El
Buen Pastor, ubicada en la carrera 261 con diagonal
71 A del barrio Ricardo Balcázar de Cali. Al terminar
el oficio religioso, aproximadamente a las 8:30 de
la noche, dos sicarios esperan la salida del obispo
Duarte Cancino y lo acribillan a balazos al momento
en que abordaba su vehículo frente a la iglesia. Los
testigos afirman que los delincuentes huyen en una
motocicleta hacia otro barrio de Cali.
La noticia, naturalmente, se difunde de inmediato
por los medios de comunicación a toda Colombia y
al mundo.
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Casos de investigación criminal: tipología del crimen
La investigación policial
Unidades investigativas iniciaron una serie de
actividades en la ciudad de Cali y, a medida que
iban arrojando resultados, se desplazaron a otros
municipios del Valle del Cauca, los departamentos
del Viejo Caldas, Meta y la ciudad de Bogotá.
Lo primero fue tratar de localizar a los testigos de los
hechos, entre los cuales estaban algunos asistentes
a la ceremonia religiosa, feligreses a la salida de
la iglesia y curiosos que se encontraban frente a
la parroquia. Seguidamente se hizo el acopio de
los videos tomados en el matrimonio colectivo;
se hicieron retratos hablados de los sicarios y con
base en las primeras declaraciones obtenidas se
pidió a la Fiscalía autorizar la interceptación, rastreo
y verificación de teléfonos relacionados con los
primeros sospechosos.
Pacientemente se fueron descartando algunos
testimonios considerados contradictorios o señalados
como “no ciertos”. Averiguaciones posteriores
facilitaron la retención de algunos individuos que,
sometidos a reconocimiento en pruebas judiciales,
fueron señalados como los autores materiales del
crimen de Monseñor Duarte.
Finalmente, se pudo establecer que los individuos
conocidos en el mundo delictivo con los apodos de
“El Calvo” y “El Córtico” fueron los encargados
de disparar y dar muerte al señor Arzobispo de
la ciudad de Cali. Estos sujetos también fueron
reconocidos como pertenecientes a una banda bien
organizada y dedicada al sicariato a sueldo, como
empleados de las llamadas –también en el argot
popular– “oficinas de cobro” de la delincuencia
organizada y con algunas vinculaciones de las
bandas de narcotraficantes.
Señalados asesinos
El trabajo final de la Policía arrojó los siguientes
resultados:
Captura, en coordinación con la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación, de dos sujetos. También se comprobó que
“El Calvo” se había fugado, el día del magnicidio,
del establecimiento carcelario El Ferrocarril ya que
había sido capturado por la Policía por porte ilegal
de armas y bajo la sindicación de hurto calificado y
fuga de presos por las fiscalías de Riofrío y Tuluá,
Departamento del Valle.
Uno de los sicarios, al momento de ser capturado,
portaba un revólver 38 largo marca Ruger, y una
motocicleta marca Yamaha, placas LTK-86, cuyo
sistema de identificación figuraba solicitado por
hurto. Otro delincuente cuya captura se hizo
efectiva por la Policía se acogió al beneficio de
sentencia anticipada. A los capturados se les acusó
de homicidio agravado en concurso con los delitos
de porte ilegal de armas y rebelión.
Todos los registros fílmicos, fotográficos,
allanamientos, seguimientos, reconocimientos y
medidas de aseguramiento hechas efectivas por
el personal de la Policía fueron puestos a órdenes
de la Fiscalía, junto con todos estos delincuentes,
y sirvieron de soporte para la judicialización y
esclarecimiento de execrable crimen.
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